Una situación de extrema preocupación social e institucional quedó al descubierto en la ciudad bonaerense de Balcarce luego de que se conocieran registros de audio que revelarían malos tratos verbales y conductas inapropiadas por parte de dos empleadas de un hogar de menores. El material, que comenzó a circular en las últimas horas y fue difundido por un periodista local, generó una rápida intervención judicial y encendió alarmas sobre los mecanismos de control y cuidado dentro de este tipo de instituciones.
De acuerdo con los testimonios reunidos en la causa, el episodio que dio origen a la investigación se habría producido en un contexto de alta carga emocional para uno de los niños alojados en el hogar. El menor atravesaba un momento de angustia vinculado a la posibilidad de ser separado de su hermano, situación que derivó en una crisis durante la cual se produjo la rotura accidental de un vidrio. A partir de ese hecho, siempre según lo que surge de los audios y de los relatos incorporados al expediente, la respuesta de una de las trabajadoras habría sido desmedida, intimidatoria y completamente alejada de los protocolos de contención que rigen para el cuidado de niños y adolescentes.
Los audios, cuya autenticidad es ahora materia de análisis judicial, exponen un lenguaje humillante y amenazante, impropio de cualquier ámbito educativo o asistencial, y aún más grave tratándose de menores en situación de vulnerabilidad. Sin reproducir expresiones textuales por su contenido sensible, las grabaciones reflejarían amenazas de castigos, intimidaciones verbales y referencias a sanciones extremas, todas ellas incompatibles con el rol que desempeñan quienes trabajan en hogares de protección.
El material también deja entrever un clima de temor y sometimiento, en el que los chicos serían reprendidos de manera constante y sin mediación profesional. Especialistas en infancia consultados por medios locales coincidieron en que este tipo de prácticas no solo vulneran derechos básicos, sino que pueden provocar consecuencias emocionales profundas, especialmente en niños que ya cargan historias de abandono, violencia o desarraigo familiar.
Tras la difusión pública del caso, la Justicia actuó con rapidez. El Juzgado de Familia N.º 6 de Mar del Plata dispuso una serie de medidas cautelares destinadas a preservar la integridad física y emocional de los menores involucrados. Entre las decisiones adoptadas se incluyó una prohibición de acercamiento, fijada en un radio de 200 metros, y la restricción total de contacto entre las empleadas señaladas y los chicos alojados en el hogar. Estas resoluciones buscan garantizar que los niños puedan transitar este proceso sin nuevas situaciones de riesgo.
Las dos trabajadoras apuntadas, Alejandra Género y Marisa Benaduche, fueron formalmente citadas a declarar y deberán presentarse ante la Justicia el próximo 17 de diciembre. Allí podrán ejercer su derecho a defensa y dar su versión de los hechos, mientras avanza la recopilación de pruebas, que incluye peritajes sobre los audios, informes psicológicos y evaluaciones institucionales.
En paralelo, organismos de protección de derechos de la niñez y autoridades municipales comenzaron a revisar el funcionamiento general del hogar, poniendo el foco en los protocolos de actuación, la capacitación del personal y los sistemas de supervisión interna. La expectativa es que esta investigación no solo determine responsabilidades individuales, sino que también permita corregir fallas estructurales que puedan estar afectando la calidad del cuidado brindado.
El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Balcarce, donde vecinos, organizaciones sociales y referentes del ámbito educativo reclamaron transparencia, sanciones ejemplares si corresponde y mayor control estatal. Para muchos, lo ocurrido vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar políticas públicas que aseguren entornos verdaderamente protectores para niños y adolescentes que dependen del Estado.
Mientras la causa avanza, la prioridad de la Justicia y de los organismos intervinientes es clara: resguardar a los menores, garantizar que reciban acompañamiento profesional y evitar cualquier forma de revictimización. El desenlace judicial será clave, pero también lo será el compromiso institucional para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.